Estudios comparativos sobre la situación de la seguridad pública en latinoamérica, revelan que el crimen organizado, el narcoterrorismo, la inseguridad pública, aumentan, en la región más desigualitaria del planeta. El informe de Desarrollo Humano 2013-2014, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), señala que las tasas de homicidio han llegado a constituirse en una verdadera “epidemia” en 11 de los 18 países de la región.
Uruguay sigue siendo una excepción, pese al aumento de estos casos producidos en los últimos años, y atribuidos por las autoridades, en un porcentaje importante, a las “guerras sin cuartel” entre bandas de narcotraficantes locales, que pelen por el control de los mercados ilegales.
Cuando el índice de homicidios supera los 10, cada 100.000 habitantes, se habla de un “nivel considerado como epidémica”, según el Pnud. Esto ocurre en muchos países centroamericanos (Honduras, con 6427 homicidios en 2013, que representa un 75, 1 por cada 100.000 habitantes; Guatemala; El Salvador).
En el caso de México, el panorama parece ser en extremo crítico, aunque con un leve descenso. En 2007, hubo 8867 asesinatos; en 2011, fueron 27.213; y en 2013, la cifra se redujo a 22.732, dice el Pnud.
Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Brasil tuvo en 2012 “el mayor número de homicidios de la última década, 56.337, que se traduce en una tasa de 29 por cada 100.000 habitantes”, señala un estudio publicado por la revista especializada en asuntos de seguridad y defensa DEF, que resume ponencias presentadas en un seminario internacional realizado en Buenos Aires, en el que estuvo presente el ministro del Interior Eduardo Bonomi (“Desafíos para el Desarrollo y la Seguridad”, noviembre de 2014, dossier especial; ver recuadros).
El informe de DEF, añade que “los menos golpeados por la violencia criminal son Argentina (5,5 homicidios por cada 100.000 habitantes), Uruguay (5,9) y Chile (3,7).”. “Sin embargo, -añade-, esta aparente tranquilidad en cuestiones de seguridad ciudadana, no es tal, si repasamos el índice de robos, según un estudio de la ONU.
Argentina encabeza el ranking, con 973,3 por cada 100.000 habitantes, en tanto que Chile alcanza 468, 1, y en Uruguay, 456,5 (a título de ejemplo, México registra una tasa de robos de 688, y Brasil de 572,7 por cada 100.000 habitantes)”.
El Pnud subraya que la criminalidad constituye un “fenómeno multicausal”. En ese complejo proceso inciden, “la precariedad del empleo, la iniquidad persistente, y la insuficiente movilidad social”. Por su parte, Jean Luc Lemahieu, responsable de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha manifestado que es necesario cambiar la forma de abordar todos estos problemas.
“(Es necesario) afrontar la violencia, garantizando una política incluyente, porque es muy claro que hay una fuerte relación entre un nivel bajo de homicidio, el estado de desarrollo económico (de una sociedad), y los bajos niveles de inequidad de ingresos, en un país”.
Como señalaron estos expertos y funcionarios gubernamentales de varios países reunidos en Buenos Aires (ver recuadro con las recomendaciones) urge “definir a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada transfronteriza, como una política de Estado”, y lo que vayan a hacer cada uno de los países, debe estar “lejos del falso dilema, entre galantismo y “mano dura”.
Este enfoque es el que ha venido primando desde hace varios años en Uruguay y fue plasmado en el documento “Por la vida y la convivencia” (2012), y en el programa de gobierno del partido político que triunfó en las elecciones de octubre y de noviembre de 2014 (Frente Amplio).
El resumen programático del Frente Amplio del pasado año, señala en el capítulo “para avanzar en el combate a la delincuencia”, que “profundizaremos el combate a la delincuencia y trabajaremos con la misma firmeza sobre las causas que la producen, promoviendo un Plan Integral de Convivencia y Seguridad, que integrará políticas sociales, educativas, laborales, carcelarias, preventivas y represivas, con el uso masivo de la tecnología”.
En esa dirección, la propuesta añade: “desarrollaremos iniciativas de intervención focalizada e integral, priorizando los territorios que concentran mayores niveles de vulnerabilidad social y urbana, con altas tasas de delito, orientándola a construir ciudad y ciudadanía, a través de la profundización de los programas sociales, planes de impacto de infraestructura para la convivencia, y un modelo de cercanía, para garantizar la seguridad, (así como, fortalecer), las Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Comunitaria, y el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito”. Un enorme desafío, en un mundo en crisis global, inseguro, y en extremo, violento.
Bonomi: la pasta base transformó la conducta delictiva del Uruguay
“Las tasas de delincuencia en Uruguay, son bajas en comparación con otros países. Ahora bien, el habitante de Uruguay, no se compara con la región, sino con su propio pasado, y si bien, las condiciones de seguridad se han deteriorado menos que en otras áreas de la región, también se han deteriorado. El vecino tiene una sensación de inseguridad mayor.
Hay dos elementos a tener en cuenta y que se produjeron a partir de 2002. Por un lado, hubo una pérdida de empleo muy grande, caída de los salarios, marginación, creación de asentamientos irregulares con gente que perdía la vivienda. Por otro lado, desde 1997/1998, ingresaba a Uruguay la pasta base de cocina para ser descompuesta nuevamente y se vendía como cocaína; (la pasta base) es una droga que genera una adicción muy grande, con un efecto muy corto, que lleva a consumir varias veces.
El consumo provoca comportamientos violentos y, en el momento de la abstinencia, una compulsión muy fuerte, para volver a consumir. Si no se cuenta con el dinero, se le roba al familiar o al vecino.
El consumo de pasta base, empezó a transformar la conducta delictiva, que se hizo mucho mas violenta. Esto se sintió luego de 2002 y hasta 2007. Recién después de 2008, con el aumento del poder adquisitivo (de los ingresos de los uruguayos), comenzó a revertirse ese consumo. En el período de expansión, generó un mercado grande, y se crearon muchos grupos para abastecerlo.
Al achicarse el mercado, empezó una lucha entre grupos y muchos delincuentes empezaron a robar en las bocas de venta de droga. A partir de 2011 y 2012, comenzaron a producirse enfrentamientos entre delincuentes. Y aumentaron los homicidios. Estábamos en seis homicidios cada 100.000 habitantes y pasamos a ocho cada 100.000 habitantes”.
10 recomendaciones para enfrentar al narcotráfico
1 – Definir a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada transfronteriza, como una política de Estado. Lejos del falso dilema entre garantismo y “mano dura”, se requiere un accionar eficaz de las fuerzas de seguridad encargadas del combate al crimen, sometidas a una firme conducción política, que establezca las prioridades y líneas de acción, y estableciendo mecanismos de acción, como auxiliares de un Poder Judicial comprometido y capacitado en la investigación y la punción del delito.
2 – Tomar el modelo exitoso de los Consejos de Seguridad Ciudadana como herramienta válida para intercambiar información entre ministerios y agencias especializadas, dentro del Estado. En los países con modelos federales, es imprescindible la existencia de un ámbito de coordinación entre las instancias de política nacional y las instituciones provinciales o estaduales, de manera de compatibilizar las acciones y las estrategias de cada una de las jurisdicciones del Estado.
3 – Contar con mecanismos de información georeferenciada y registros estadísticos pormenorizados, que permitan elaborar “mapas del delito”, de manera de distribuir de modo más eficaz, los recursos humanos, tecnológicos y financieros, para combatir al crimen in situ.
4 – Establecer mecanismos adecuados de intercambio de información entre los países de la región, tanto a nivel político como policial, y entre los servicios de inteligencia. Coordinar, en el más absoluto respeto del derecho a la libre movilidad de la población, las políticas de ingreso y egreso de ciudadanos, a cada uno de nuestros países.
5 – Reforzar ámbitos de discusión y elaboración de estrategias conjuntas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), y otras instancias multilaterales. Involucrar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cada uno de nuestros países, en el establecimiento de canales más ágiles de información, con sus pares de la región.
6 – En materia de lucha contra el crimen organizado, en particular el narcotráfico, explorar vías alternativas, para hacer frente al flagelo de las drogas, en vista del fracaso de la denominada “guerra contra las drogas”, encarada en los años 70. Sin perder de vista el combate frontal al anillo más poderoso conformado por las organizaciones criminales ligadas al tráfico de estupefacientes, se impone un enfoque sanitario para atender al adicto como enfermo, y evitar su criminalización como delincuente.
7 – Desarrollar campañas ciudadanas de concientización de la población, respecto de los daños provocados por las drogas y actuar decididamente, con políticas proactivas, para revertir el deterioro del tejido social y focalizar, desde la prevención, en las poblaciones más vulnerables.
8 – Generar mecanismos eficaces en la lucha contra el lavado de dinero procedente de actividades delictivas. Favorecer mecanismos institucionales, no sometidos al control político-partidario, que permitan reunir los recursos humanos mas preparados en la materia, y los mecanismos tecnológicos necesarios, para detectar este tipo de operaciones. Reforzar la autonomía de las Unidades de Información Financiera u organismos análogos, siguiendo los lineamientos del GAFI.
9 – Potenciar mecanismos legales, como la extinción de dominio, para verter a favor del Estado, la propiedad de bienes fruto de actividades delictivas. De esta forma, se dará una fuerte señal contra los grupos del crimen organizado y se podrá dotar al Estado de mayores recursos materiales y financieros que podrán ser destinados a áreas sensibles como la salud y la educación.
10 – Adoptar una estrategia regional y hemisférica, para la coordinación de la política de seguridad transfronteriza, en paridad de condiciones y evitando cualquier tipo de intromisión en la política interna de cada país, que nos permita alcanzar objetivos compartidos de prevención y combate al crimen organizado”.
