El Ejecutivo asumió como necesarias medidas que "garanticen la paz y seguridad pública" y reconoció que leyes actuales lo "ponen en riesgo"
El gobierno reconoció que la violencia "se ha instaurado" en la sociedad y que el actual ordenamiento jurídico "pone en riesgo" la seguridad pública, algo que según admiten las autoridades lleva al Poder Ejecutivo a buscar "salir" de ese "camino" mediante iniciativas propias y abriendo el diálogo a propuestas opositoras.
En el documento que el presidente Tabaré Vázquez entregó el lunes a los dirigentes opositores el oficialismo afirmó que detrás de un delito "siempre hay" personas afectadas, "familias destruidas", y asumió que "se hacen necesarias medidas que garanticen la paz y la seguridad pública".
"Debemos combatir incansablemente la violencia que se ha instaurado. Como sociedad debemos debatir sobre todo lo que nos está pasando en ese sentido, sobre cómo estamos resolviendo los conflictos, sobre cómo se están adoptando modalidades delictivas con tanta agresividad", sostuvo el gobierno al inicio del documento presentado.
Vázquez, que se volverá reunir con la oposición en diez días, convocó a "todos los actores involucrados del sistema de justicia y del sistema político a "adoptar" medidas que permitan "salir de este camino".
En la misma línea, el gobierno también reconoció que la población debe recibir una "contrapartida" por el aumento del presupuesto destinado al sistema carcelario, y propuso eliminar la libertad anticipada para quienes sean reincidentes en delitos de homicidio, copamiento, secuestro o rapiña.
Además en la exposición de motivos del proyecto de Ley Integral de Responsabilidad Penal, que plantea impedir las salidas anticipadas de homicidas y rapiñeros, e implementar modalidades alternativas a la prisión para algunas condenas menores a cinco años, el gobierno profundiza su análisis sobre las reglas de juego actuales.
"Restituir a la sociedad a quienes vuelven a incurrir en dicho delitos, mediante un instituto que conlleva la reducción del incumplimiento de la pena, pone en riesgo la seguridad pública, ya que los pone en condiciones de volver a delinquir aún cuando sean sometidos a un régimen de vigilancia", señala el proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior.
"En momentos en que se enfrentan cada vez más complejidades en el combate del delito y en particular del crimen organizado, se hacen necesarias medidas que garanticen la paz y la seguridad pública", agregó el escrito.
El Ejecutivo advierte que en los delitos de rapiña, copamiento y homicidio, es donde "se dan importantes índices de reincidencia".
El modelo
El lunes Vázquez declinó remover al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como reclamaron blancos y colorados, pero anunció un cambio de rumbo en las políticas de seguridad.
Los proyectos de Ley presentados el lunes por el gobierno evitan ingresar en el tema del aumento de penas, como reclamó la oposición. El oficialismo puso el foco en agilizar el sistema penal para favorecer su "descongestionamiento" y evitar que colapse bajo el nuevo sistema acusatorio.
En otro de los proyectos de Ley el Ejecutivo insiste en que la Policía actúe como auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones y que desarrollen sus tareas bajo un nuevo "paraguas jurídico".
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"Si queremos cambios reales debemos trabajar sobre los mercados delictivos que funcionan en todos los delitos: hurtos, rapiñas, narcotráfico", sostuvo el gobierno. En el mismo texto se impulsa acortar el proceso penal para casos con prueba suficiente y sistemas de mediación extrajudicial (ver recuadro).
Además de tratar los reincidentes, el proyecto de Ley Integral de Responsabilidad Penal impulsa la aplicación de medidas alternativas a la prisión. También prevé una norma que unifique el marco jurídico de las empresas de seguridad privada.
El gobierno también pone el foco sobre el lavado de activos al incrementar los delitos precedentes a todos los previstos en elCódigo Penal. En los hechos eso permite investigar blanqueo de capitales en relación a cualquier tipo de delito.
Propuestas
Investigaciones. Pretende implementar cuanto antes investigaciones de casos en manos de fiscales y la Policía, y no de los jueces.
Proceso. Promueve una "estructura procesal abreviada" para casos "en los que exista prueba suficiente" y en donde la pena "no supere determinados parámetros". También impulsa un "sistema alternativo a la resolución de conflictos".
Fiscalías. El oficialismo entiende imprescindible "una reforma" de la Fiscalía General de la Nación y consagrar "principios de unidad" entre fiscales.
Reincidentes. La libertad anticipada no se aplicará para los casos de reincidencia en delitos de rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y homicidio.
Alternativas. Impulsa libertadas vigiladas mediante dispositivos electrónicos para penas de hasta cinco años.
Lavado. Propone que todos previstos en el Código Penal sean precedentes al lavado de activos. El sistema actual prevé una lista de 21 delitos precedentes.
Penas alternativas. El sistema de penas alternativas presentado como libertad vigilada podrá disponerse para casos donde la pena no supere los tres años de penitenciaría y la libertad vigilada intensiva para penas de entre tres y cinco años. Este último consiste "en someter al penado al cumplimiento de actividades orientado a su reinserción social". En ambos casos habrá un seguimiento electrónico del delincuente. La disposición no podrá aplicarse a reincidentes.
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