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Aportes para una agenda de lucha contra la corrupción en Uruguay

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Uruguay Transparente estima pertinente realizar algunos aportes a la agenda para mejorar los estándares en materia de transparencia y combate a  la corrupción.
Debe ser un objetivo permanente adoptar acciones que contribuyan a que se consoliden las buenas prácticas, tanto en lo que refiere a la ingeniería jurídica como a la cotidianeidad de los actos de gobierno. Uruguay Transparente también entiende imprescindible que se continúe jerarquizando la labor de los organismos de contralor, así como crear espacios para la acción de la sociedad civil organizada.
La realidad de que Uruguay sea uno de los países de la región y el mundo con más bajos indicadores de corrupción –así lo confirma el Índice que elabora anualmente Transparencia Internacional- no debe llevar a la inacción y el conformismo. Por el contrario no se debe bajar los brazos, todos los estamentos de la sociedad deben estar alertas ante un fenómeno que inevitablemente asoma una y otra vez en la vida pública de los países.
Sin desconocer que el sistema político uruguayo ha sabido aprobar leyes que ayudan al combate a la corrupción y dotan a la sociedad de mayor transparencia, hay mucho para mejorar con relación a la transparencia en la gestión del Estado.

He aquí los ejes centrales que Uruguay Transparente aspira a que estén presentes en el debate nacional:

1) Hay vacíos legales preocupantes en materia de rendición de cuentas de los organismos estatales. El principal de ellos, según la óptica de Uruguay Transparente, es la ausencia de controles a la actividad de las numerosas sociedades de capital estatal, que están sujetas al derecho privado y, por ende, eluden los debidos controles que marca la Constitución. Una situación de similar falta de contralores sucede con las asociaciones público-privadas y los fideicomisos. En todos los casos son dineros públicos, cuya administración y gestión deberían ser sometidos a los controles de cualquier otro organismo del Estado.

2) En el combate al lavado de dinero proveniente de actividades delictivas, la normativa uruguaya no contempla el delito fiscal como precedente al delito de lavado, lo cual acota las posibilidades de la justicia de investigar y combatir modalidades cada vez más sofisticadas de lavado.

3) Es preciso que todos los organismos públicos y entidades privadas (del sector financiero, inmobiliario, notariales, etc.) cooperen más decididamente en la aplicación de los controles que imponen las leyes y advertir toda vez que se enfrente a una operación de apariencia sospechosa de lavado. La abrumadora mayoría de las denuncias sobre presuntos casos de lavado provienen de actividades del narcotráfico, no así de otras actividades que hablaría de una subdenuncia de actividades sospechosas en casos relacionados con inversiones o transacciones inmobiliarias, trata de personas y otras.

4) Uno de los vacíos legales más preocupantes en la óptica de Uruguay Transparente desde su creación hace casi dos décadas hasta el presente consiste en que en la normativa penal uruguaya, a diferencia de lo que acontece en muchos países de América Latina, no se ha incorporado la figura delictiva del “enriquecimiento ilícito”. Uruguay Transparente considera fundamental el debate en torno a su necesaria incorporación como forma de prevenir la corrupción, además de otorgar una base fundamental para las herramientas de control actuales y que se establezcan en el futuro. En ese sentido hemos participado en forma proactiva como organización de la sociedad civil para el cumplimiento de lo establecido en la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Artículo IV) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Artículo 20), ambas ratificadas por nuestro país. Creemos pues, que debe formar parte de la agenda anticorrupción y debe ser motivo de análisis no sólo a nivel de los poderes del Estado sino también de especialistas del país y la región con la fundamental participación de la sociedad civil.

5) Otro debe en la agenda anticorrupción está en la falta de controles adecuados del cumplimiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos, norma por la cual bregó incansablemente Uruguay Transparente durante varios años. La corta experiencia de su vigencia indica que la Corte Electoral no dispone ni de recursos económicos ni humanos  para realizar un efectivo del control de dónde proviene el dinero que financia la actividad de los partidos en tiempos electorales. Aún es prematuro establecer si la ley es buena o insuficiente, pero sí parece ser claro que no se ejercen controles técnicos independientes a un flujo cada vez mayor de gastos y, por consiguiente, de aportes privados.

6) Uruguay Transparente cree que es una necesidad imperiosa que los organismos de contralor adquieran mayor autonomía lo que ofrecería las adecuadas garantías a la ciudadanía. Si bien UT apuesta a que la mayor autonomía alcance a todos los organismos de contralor, en especial preocupa la situación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), cuyas resoluciones no tienen carácter vinculante. El tema de las autonomías requiere una adecuación normativa que Uruguay Transparente confía pueda realizarse en el próximo período de gobierno.

7) El fortalecimiento institucional de la JUTEP, que pasa por un nuevo diseño legal de sus atribuciones, es decisivo para avanzar aún más en transparencia y freno a la corrupción. En ese sentido Uruguay Transparente entiende que la JUTEP debería poder actuar con mayor autonomía e iniciativa en el control de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos como un potente medio preventivo. La utilización adecuada de la información recabada mediante las Declaraciones Juradas, en conjunto con lo establecido en el punto 4 de la presente, constituiría, a nuestro juicio, una potente herramienta en la lucha contra la corrupción. De todos modos es importante destacar que el punto de partida es satisfactorio y que la JUTEP ha desarrollado desde su creación una intensa actividad en sus funciones específicas y siempre de puertas abiertas a la sociedad civil organizada.

8) La vigencia de la ley de Acceso a la Información Pública y la incorporación del Estado uruguayo a la Alianza de Gobierno Abierto han sido dos grandes pasos hacia la transparencia, pero todavía inseguros e insuficientes. Uruguay Transparente destaca la acción que lleva adelante la Agencia Electrónica y de la Sociedad de la Información (AGESIC) en contribuir a afianzar una  nueva cultura de transparencia en los sujetos obligados por la ley, tanto en lo que hace a la transparencia activa, a la pasiva así como a la cultura de la transparencia en los distintos estamentos del aparato del Estado como de la toda la sociedad. Asimismo desde la AGESIC se han logrado importantes avances en materia de gobierno electrónico, datos abiertos y gobierno abierto en general. Falta mucho camino por recorrer, y ese camino el Estado uruguayo debe transitarlo en consulta y diálogo con la sociedad civil que ha de desempeñar un rol clave para que el proceso adquiera la credibilidad y sustentabilidad deseables.

Comisión Directiva de Uruguay Transparente – Julio de 2014

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